La Hermandad del Resucitado de Sanlúcar de Barrameda se enfrenta a una sanción que supera los 30.000 euros tras la salida procesional celebrada el pasado 8 de diciembre, una situación que ha intensificado la preocupación en el ámbito cofrade y ha puesto el foco en el deterioro del servicio de la Policía Local en la ciudad.
Según la notificación recibida por la cofradía a través de la Diputación Provincial, el expediente contempla una multa principal de 30.001 euros por una infracción considerada muy grave, además de otra sanción menor de 300 euros. El motivo alegado es la realización de la procesión sin contar con la autorización administrativa correspondiente.
Desde la hermandad sostienen que el permiso fue solicitado correctamente a través del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que tramitó la petición en el registro municipal siguiendo el procedimiento habitual. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuesta formal por parte del Ayuntamiento, lo que les llevó a interpretar que el silencio administrativo suponía la concesión del permiso. La situación dio un giro inesperado cuando, apenas quince minutos antes del inicio del recorrido, un agente de la Policía Local les comunicó verbalmente que no existía autorización oficial, sin presentar documentación que lo acreditara.
El caso no es aislado. Semanas antes, otra hermandad se vio obligada a suspender una salida extraordinaria tras recibir una advertencia similar por parte de la Policía Local. Esta cadena de incidentes ha generado inquietud en el ámbito cofrade, donde ya se teme que otras corporaciones puedan verse afectadas por circunstancias similares.
En el trasfondo de esta situación se encuentra la delicada situación de la plantilla policial. La falta de efectivos, con una dotación muy inferior a la necesaria para una ciudad de unos 70.000 habitantes, y la negativa municipal a autorizar servicios extraordinarios han complicado la cobertura de eventos públicos. En algunos turnos, el número de agentes disponibles resulta claramente insuficiente para atender todas las necesidades de seguridad.
La polémica también ha alcanzado el ámbito político. Desde la oposición se ha cuestionado la capacidad del Gobierno local para garantizar la seguridad y la organización de eventos relevantes como el Carnaval o la Semana Santa, mientras el equipo de gobierno reconoce que existen propuestas en estudio, aunque pendientes de viabilidad económica.
Ante este escenario, el Consejo de Hermandades ha convocado una reunión extraordinaria para analizar la situación y estudiar posibles medidas. Las cofradías reclaman claridad administrativa y garantías para poder ejercer su actividad con normalidad, especialmente con la Semana Santa a escasas semanas vista, y advierten de la incertidumbre que rodea la organización de futuras salidas procesionales.
