La candidata a la Presidencia de la Unión de Hermandades de Jerez, María Zarzuela, ha presentado este martes un requerimiento canónico ante el obispo de Asidonia-Jerez para solicitar la notificación formal y motivada del decreto por el que su candidatura fue declarada “no apta”, así como la suspensión cautelar del actual proceso electoral.
Según recoge el comunicado difundido por la propia candidata, el escrito también denuncia supuestas “irregularidades procedimentales” durante el desarrollo del proceso electoral. Paralelamente, Zarzuela ha ejercido ante el Delegado Diocesano de Protección de Datos el derecho de supresión y rectificación de sus datos personales respecto a la nota de prensa publicada el pasado 15 de mayo en la web del Obispado.
En el documento, la candidata expresa su “respeto profundo” hacia la autoridad del obispo y asegura que su intención es resolver la situación “dentro del cauce propio de la disciplina canónica”.
El comunicado sostiene que el proceso electoral del Consejo Local de Hermandades y Cofradías se desarrolla en dos fases diferenciadas: una primera para elegir al presidente y verificar únicamente los requisitos del candidato a la Presidencia, y una segunda posterior en la que el presidente electo designa a los miembros de la Comisión Permanente.
Zarzuela considera “especialmente preocupante” que la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías haya anticipado un examen de idoneidad sobre personas que, según argumenta, “no son aún candidatos en sentido jurídico-canónico”.
Asimismo, la candidata afirma que la publicación nominativa de la inadmisión de su candidatura en la web diocesana, antes de serle notificada personalmente, habría perjudicado su derecho a la buena fama, recogido en el canon 220 del Código de Derecho Canónico.
En el texto, Zarzuela asegura que su objetivo es que el proceso electoral “se desarrolle con plenas garantías canónicas para todos los candidatos”, con respeto a la legalidad eclesial y a la “paz cofrade” de la ciudad.
Finalmente, la candidata señala que se reserva el derecho de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y a posibles acciones civiles relacionadas con la protección del derecho al honor, aunque insiste en su voluntad de que el conflicto se resuelva “en el ámbito propio del derecho de la Iglesia”.
