Diez días y diez noches. Es lo que lleva la Diócesis de Cádiz sin un pastor, sin un obispo, sin una explicación. Desde que en la mañana de el pasado lunes el periódico El País anunciara que El Vaticano investigaba la denuncia por presuntos abusos sexuales a un menor del actual Obispo de Cádiz y Ceuta hace treinta años cuando era sacerdote en Getafe.
Desde esa mañana por parte del Obispado de Cádz y Ceuta solo se emitió un comunicado, no firmado por el propio Obispo sino por el Obispado en conjunto. Es decir, se ponía de manifiesto la información -en algún punto opinión quizás- sobre un tema delicado en nombre de todo el Obispado, de toda la Diócesis.
En este comunicado se informaba que estas acusaciones «referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas» en un conocimiento entendemos por parte de quien suscribió este comunicado absoluto de los hechos acaecidos, como se indica, hace treinta años.
También se informaba en el comunicado que «el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España» y que a estos efectos «hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas».
Como último punto del comunicado se anunciaba quizás lo más trascendente para la Diócesis de Cádiz y Ceuta y es que «El obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo» con la coletilla final que indicaba que «desde el obispado no se harán posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico».
¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que el tribunal eclesiástico tome una decisión sobre el caso? Para esto no existe un plazo fijo establecido y puede variar significativamente dependiendo de la complejidad del caso y la fase procesal en la que se encuentre.
Habitualmente se realiza una primera fase de investigación que pueden estar entre las dos o tres semanas habitualmente. Tras esto se pasa al procedimiento general. Esto puede dilatarse más o menos en el tiempo dependiendo de varios factores, como la recopilación de pruebas, el número de testigos, la necesidad de peritajes y la carga de trabajo del tribunal y los dicasterios vaticanos implicados (como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es quien tiene la competencia final sobre estos delitos graves).
Los casos de abusos son considerados «delicta graviora» (delitos más graves) y siguen un procedimiento canónico especial, con plazos de prescripción ampliados (a 20 años, aunque la Congregación para la Doctrina de la Fe puede derogarlos) y normas procesales específicas.
Aunque el proceso canónico busca ser diligente (con directrices de un año para primera instancia), la duración de un caso de abusos en la Rota de la Nunciatura puede extenderse varios meses o incluso más, dependiendo de las particularidades de la investigación y la toma de decisiones por parte de las autoridades eclesiásticas competentes.
Y mientras tanto, la Diócesis de Cádiz sin respuestas. Ya que como afirmaba el comunicado hasta que no se tenga la decisión del tribunal eclesiástico no se hará ninguna declaración.
¿Quién asiste a la Diócesis? ¿En manos de quien está el gobierno de la misma? ¿Hasta cuando se pausa la agenda del obispo Zornoza?
Muchas dudas y muy pocas respuestas, y mientras la Diócesis de Cádiz sin pastor. Y va para diez días.
