El pasado lunes, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, aprovechó su comparecencia ante los medios para referirse a la denuncia presentada contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos sexuales a un menor en la década de los noventa. Durante su intervención, recordó que fue el diario El País quien informó tanto de la investigación abierta por el Vaticano sobre los hechos ocurridos en Getafe como de que, en los últimos años, el prelado “había intentado encubrir hasta cuatro casos” similares en la diócesis gaditana. “Deseo que no surjan nuevos casos, y que no sea por temor o silencio, sino porque realmente no existan más víctimas del señor obispo o de la Iglesia Católica, que ya acumula miles en España”, afirmó. Finalmente, Ruiz Boix reclamó el cese del obispo.
Antes de pronunciarse sobre el asunto, el dirigente socialista apeló a la prudencia, aunque el caso sirvió de marco para reforzar el discurso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene defendiendo. Precisamente el lunes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo en La Moncloa un encuentro con representantes de las víctimas de pederastia en la Iglesia, con el objetivo de avanzar en un plan de reparación integral.
Por su parte, el periodista Santiago Riesco tituló en la web de RTVE una información previa a la reunión con el encabezado: “El Gobierno recibe a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en medio de la vorágine por el caso Zornoza”. En su artículo, subrayó que el caso “pone de manifiesto la existencia de una arraigada cultura del silencio” y citó testimonios de sacerdotes de Getafe que lo describen como “un secreto a voces”.
La controversia no se ha hecho esperar. Podemos también ha alzado la voz: en Getafe, la formación ha solicitado una investigación interna en la diócesis, mientras que en Cádiz exige que la Iglesia “rinda cuentas ante la justicia como cualquier otra institución”.
Desde la Conferencia Episcopal Española, su vicepresidente y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, trató de calmar los ánimos. Definió la denuncia como “un drama”, apeló a la presunción de inocencia de Zornoza y expresó su confianza en los tribunales eclesiásticos para esclarecer los hechos con celeridad. Cobo puntualizó que la admisión del caso por parte de la Santa Sede “supone que existe verosimilitud”, aunque confió en que la investigación sea “exhaustiva y eficaz”. Asimismo, recordó que cualquier decisión deberá adoptarse una vez concluido el proceso.
El obispo, que atraviesa un delicado estado de salud debido a un cáncer agresivo y ha superado ya los 75 años, continúa a la espera de su relevo al frente de la diócesis. La cuestión ahora es si la suspensión de su agenda resulta suficiente para calmar el debate que pone en entredicho su gestión y autoridad, o si ha llegado el momento de que se produzca, de forma natural, su sustitución al frente del Obispado de Cádiz y Ceuta.
