La primera visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la sede de la Conferencia Episcopal, presidida por el cardenal Juan José Omella, ha servido para acercar posturas y suscribir un pacto en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones celebrado por ambas partes mediante un comunicado conjunto.
Durante la reunión, celebrada a principios de semana, que se prolongó por espacio de una hora, Omella ha entregado a Sánchez el libro con el análisis realizado sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998-2015 revelando la existencia de 965 bienes que la Iglesia considera que «pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo».
Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.
La previsión, ahora, es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos.
En los distintos municipios gaditanos rozan el medio centenar (48) con especial incidencia en la capital gaditana y en su ciudad más poblada, Jerez de la Frontera. Entre esos inmuebles que podrían volver a tener propiedad ajena a la estructura de la Iglesia Católica son abrumadora mayoría los templos, especialmente pequeñas parroquias, pero también aparecen grandes parcelas rurales (en el entorno tarifeño de Bolonia) o hasta pisos (concentrados en La Línea de la Concepción).
Igualmente resulta llamativa la presencia de pequeños templos de gran arraigo popular en Cádiz (La Palma, El Rosario, Caminito…) y Jerez (Merced, Resurrección o San Miguel). En estos casos, y en varias decenas más, su paso a manos privadas ajenas a la Iglesia es impensable. Como mucho, llegarían a propiedad de cofradías, hermandades o colectivos y asociaciones católicas, en un proceso que puede quedar ralentizado, e incluso desierto, por las dificultades económicas y administrativas.
Una vez que la Conferencia Episcopal ha reconocido que no son de su propiedad, está por ver a qué manos pasan. Son espacios, en muchos casos, de costoso y difícil mantenimiento. Además, el acuerdo con el Gobierno fija que deben ser ayuntamientos, sobre todo, y diputaciones los que arbitren el proceso de reclamación por parte de nuevos propietarios, que no parece ni sencillo ni rápido.
En San Fernando existen dos inmuebles dentro de este listado de casi mil que presentó el cardenal Omella al presidente del Gobierno y que son el templo parroquial de la Divina Pastora y una vivienda unifamiliar en la calle Maestro Portela -Ancha- número 37.
Quedará por dilucidar especialmente la propiedad definitiva del templo pastoreño que podría pasar por ser de la propia Hermandad de la Divina Pastora aunque el decreto del propio Obispado de Cádiz que modifica la fecha fundacional de la misma podría ser un obstáculo en primera instancia para conseguir esta propiedad en el caso que la hermandad quisiera optar por su reconocimiento.
