En España, cada consumidor tira 75 kg de comida al año. Entre los desperdicios más habituales se encuentran frutas, hortalizas y lácteos, así como otras sobras que terminan en la basura mientras millones de personas en el mundo pasan hambre. Para frenar este problema, el Congreso ha aprobado una nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra la medida, pero advierte: aún queda mucho por hacer. Esta normativa, aprobada el 20 de marzo de 2025, afecta a todos los usuarios de la cadena alimentaria: desde empresas del sector agroalimentario hasta consumidores, pasando por restaurantes, supermercados y entidades sociales.
OCU: ¿Qué es lo que cambia con la nueva ley?
Su objetivo es claro: reducir el desperdicio en un 50% entre minoristas y hogares, y en un 20% en la cadena de suministro, en línea con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. La nueva ley convierte en obligaciones legales muchas prácticas que hasta ahora eran voluntarias.
Como, por ejemplo, donar excedentes a bancos de alimentos, reducir precios en productos próximos a caducar, o permitir que los clientes se lleven las sobras en restaurantes. Además, las empresas de producción, transformación y distribución deberán tener un plan de prevención y reducción de desperdicios.
Por otro lado, también tendrán que dar prioridad a la donación de alimentos antes de destinarlos a otros usos, como pienso animal o compostaje. Eso sí, se mantiene una jerarquía: primero las personas, luego los animales y finalmente el reciclaje.
Obligaciones para supermercados, restaurantes y productores
Según explican en un informe de la OCU, la nueva ley impondrá obligaciones a supermercados, restaurantes y productores, que tendrán que cumplirla para evitar cuantiosas sanciones a partir de los próximos meses.
Los supermercados deberán vender a precios reducidos los productos cercanos a su fecha de consumo preferente o con un aspecto “imperfecto”, como frutas y verduras “feas”. Además, quedarán exentos de estas medidas los pequeños comercios con una superficie inferior a 1.300 m².
En el caso de la hostelería, todos los restaurantes deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse la comida sobrante. Podrán cobrar por el envase únicamente si este es de plástico de un solo uso. También tendrán que ofrecer raciones de menor tamaño y permitir elegir la guarnición para evitar servir más comida de la necesaria.
Los productores y distribuidores deberán fomentar convenios con organizaciones sin ánimo de lucro para donar sus excedentes. Si los alimentos ya no son aptos para el consumo humano, deberán derivarse a alimentación animal, compost o biogás. Las entidades receptoras de donaciones, como los bancos de alimentos, deberán garantizar la trazabilidad y seguridad de los productos.
Beneficios de la ley para el consumidor
Según la información que ha compartido la OCU a través de su web oficial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará cada año un informe con los resultados del Plan nacional de control de pérdidas y desperdicio alimentario.
En cuanto a los consumidores, se verán beneficiados de varias formas:
- Podrán comprar productos más baratos si están próximos a su fecha de caducidad o tienen un aspecto poco atractivo.
- Tendrán derecho a recibir información sobre cómo reducir el desperdicio en casa.
- Podrán llevarse las sobras de la comida del restaurante, ahorrando dinero y evitando el despilfarro.
“Esta ley debe completarse con planes definidos, realistas y efectivos, y con financiación. Es importante que no salga más barato tirar que donar.”, advierten desde la OCU. Además, insisten en la importancia de campañas claras de comunicación, especialmente para que los consumidores entiendan la diferencia entre las dos fechas que aparecen en los productos alimenticios.
