Durante casi un año, Javier Morales encontró aparcamiento cada mañana a escasos metros de su oficina, en pleno centro de la ciudad. Su secreto estaba colocado en el salpicadero: la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida de su madre, Carmen, de 79 años. El problema es que Carmen nunca iba en el coche.
Carmen sufrió un ictus hace tres años. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 78 % y un dictamen positivo de movilidad reducida, y desde hace unos meses vive en una residencia. La tarjeta, sin embargo, se quedó en casa de su hijo. “Al principio la usaba para llevarla al médico, que es para lo que es. Luego empecé a dejarla puesta siempre. Pensé que no hacía daño a nadie, que la plaza estaba ahí y que mi madre tenía derecho”, reconoce.
Esa idea se desmoronó una mañana de octubre. Un agente de la Policía Local, en un control rutinario de plazas reservadas, esperó junto al vehículo hasta que Javier volvió. Comprobó que la titular no estaba presente y levantó acta. La tarjeta quedó intervenida y se abrió un expediente sancionador.
Una tarjeta personal e intransferible
El Real Decreto 1056/2014, que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento, es tajante: la tarjeta es personal e intransferible y solo puede utilizarse cuando la persona titular es transportada en el vehículo o lo conduce ella misma. Prestarla a un familiar, aunque sea con la mejor de las intenciones, constituye un uso indebido.
Las consecuencias dependen de cada ordenanza municipal, pero suelen incluir multas económicas, que en algunas ciudades alcanzan varios cientos de euros, la retirada temporal o definitiva de la tarjeta y la denuncia por estacionar en plaza reservada, sancionada con 200 euros como infracción grave. Si además la tarjeta es una fotocopia o ha sido manipulada, el caso puede derivar en un delito de falsedad documental.
Lo que más le duele a Javier no es la multa. Durante semanas, Carmen no pudo disponer de su tarjeta para las salidas que hacía con la familia los fines de semana. “Le quité a mi madre lo que era suyo. Y le quité una plaza a otra persona que, ese día, a lo mejor no pudo ir a rehabilitación porque no tenía dónde aparcar”, admite.
Un fraude que perjudica a todos
El uso fraudulento de las tarjetas PMR es una de las principales quejas de las asociaciones de personas con discapacidad. Cada tarjeta mal empleada ocupa un espacio diseñado para alguien que no puede caminar largas distancias o que necesita desplegar una silla de ruedas junto a la puerta del coche. Por eso, cada vez más ayuntamientos realizan campañas específicas de inspección.
Hoy, Javier aparca en un parking público a diez minutos de su trabajo y la tarjeta vuelve a estar donde debe, con su madre. “Si alguien me lee y está haciendo lo mismo, que pare. No es picaresca, es quitarle algo a quien lo necesita de verdad”.
Caso ilustrativo basado en situaciones habituales. Los nombres de las personas que aparecen en este artículo son ficticios.