El pasado 1 de noviembre entró en vigor el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas (RER) del Ministerio de Justicia (MJ), un registro que nació en 1981 al amparo del artículo quinto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del RER. Después de casi 35 años, la regulación actual ha quedado superada y no responde adecuadamente a las necesidades actuales. El RER se ubica en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, y en él se inscriben las entidades religiosas que quieran obtener personalidad jurídica civil; su gestión corresponde a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.

Con respecto a las hermandades y cofradías, ha de tenerse en cuenta que es de vital importancia la inscripción de las mismas en el citado registro. Tanto es así que se convierte en condición sine qua non para poder adquirir personalidad jurídica y, de esta manera, poder actuar en el tráfico jurídico realizando actos y negocios jurídicos (comprar, vender, arrendar, etc.), personarse ante los Tribunales, etc.

Como registro público, nos consta que hay muchas hermandades que se encuentran inscritas en el citado organismo pero, no es menos cierto, que existe un número de ellas que no realizaron nunca este trámite porque, quizás, hasta la fecha nunca necesitaron de acreditar su inscripción, ni aportar el número de registro. Pero, con la entrada en vigor del meritado real decreto, la inclusión en el RER se convierte en obligatoria. Para aquellas entidades inscritas, a través de la web del MJ, ya se puede comprobar cuál es nuevo número asignado; para aquellas que no lo están, existe la inmediata obligación de realizarlo, según se detalla en el procedimiento descrito en el artículo 6 del referido Real Decreto 594/2015.

Declaración de funcionamiento

Por razones lógicas de espacio no vamos a transcribir la densa información que se desgrana de la nueva normativa. No obstante, si vamos a destacar varias cuestiones de relevancia: en primer lugar lo que viene a denominarse declaración de funcionamiento. Según el artículo 29, cada dos años las entidades vendrán obligadas a presentar la citada declaración que viene a manifestar ante el MJ que la entidad se mantiene activa; se establece un plazo, hasta el próximo mes de mayo de 2016, para que todas las inscritas, realicen esta declaración. Huelga decir que para las no inscritas, antes que nada, se hace necesaria la gestión que conduce a su anotación en el citado registro público. En segundo lugar, nos centramos en la comunicación obligada de posibles cambios en los estatutos, regulado en el artículo 12, y que se convierte en requisito inexcusable cada vez que se realicen cambios normativos y estatutarios en la hermandad. Pero, no sólo será necesario el trámite y autenticación por parte del Obispado; otra de las grandes novedades es la intervención de la Conferencia Episcopal validando la documentación que tramite el Ordinario del lugar y la posterior elevación a público, con la intervención de un Notario que dará fe pública a la modificación. Quiere decir que hay que hacer una escritura pública, al igual que cuando se realice por vez primera la inscripción. Existe un convenio firmado el pasado año entre el MJ y el Consejo del Notariado, para que el Notario pueda encargarse de comunicar la escritura otorgada.

Inscripción de representantes

Este real decreto, en su artículo 14, establece la obligatoria identificación e inscripción de los miembros electos de la junta de gobierno. En principio será suficiente con Hermano Mayor y Secretario. Tiene tanta trascendencia este asunto que en el hipotético caso de una operación bancaria o cualquier acto que necesite de un Notario, si el Hermano Mayor que va a firmar no consta en el RER o el acuerdo adoptado no figura en los estatutos registrados, el fedatario público no podrá autorizar la firma. Al igual que en los dos casos anteriores, la comunicación de los representante debe hacerse con la participación del Obispado, validación de la Conferencia Episcopal y firma de escritura pública ante Notario.

Con respecto a todas estas notificaciones y el tránsito de datos de especial sensibilidad, hay que destacar cómo el tratamiento y archivo electrónico de los datos contenidos en el RER se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los solicitantes y los titulares de los órganos de representación consienten la inclusión de sus datos personales en el Registro y la comunicación derivada de la publicidad del mismo.

Los efectos tras la inscripción permitirá la acreditación para cualquier actuación en el ámbito civil. Podría requerirse al representante legal de la hermandad su inscripción en el RER para actuar como autorizado en cuentas bancarias, así como para la apertura de nuevas cuentas; para llevar a efectos cualquier acuerdo adoptado caso de una compraventa, actuar como arrendador o arrendatario, contratar suministros –agua, luz, teléfono, etc.- la aceptación de una donación o un legado, o el acometer un proyecto de inversión de envergadura, conforme a lo dictaminado en los estatutos.

La inscripción, como se ha dicho, otorga personalidad jurídica y habilita a la hermandad para poder disfrutar de una serie de beneficios fiscales que pueden aplicarse tras acogerse al Régimen Fiscal Especial de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

José Martín Pérez Jiménez

Economista- Asesor Fiscal


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